martes, 25 de enero de 2011

Ley Sinde: ¿quién es quién?

Todo esto que se ha formado en este país con la controvertida aprobación de la Ley Sinde se podría comparar con una obra de teatro. Los actores, es decir, unas personas que se denominan a sí mismos "creadores" sin siquiera sonrojarse, se enfrentan histéricamente contra otros actores, que dicen luchar en favor del internauta de a pie. Esta dialéctica a base de descalificaciones e insultos es lo que percibimos los integrantes del público desde nuestras butacas, pero abajo, en el hueco del apuntador, o detrás entre bambalinas, se encuentran los verdaderos artífices de este conflicto: la industria del entretenimiento audiovisual y sus respectivas sociedades de autores por un lado, y por el otro las grandes corporaciones de las telecomunicaciones. (a la izq.: Ángeles González Sinde, Ministra de Cultura, promotora de la Ley de Economía Sostenible donde se incluye la Ley Antidescargas, más conocida como Ley Sinde).

Nos han tenido meses y meses esperando expectantes un desenlace, mientras en las portadas de todos los medios de comunicación aparecían enfrentamientos cada vez más degradados: primero eran creadores contra internautas, luego personajes de la cultura contra piratas informáticos, y por último los verdaderos pilares de la Ley contra infames ladrones de propiedad intelectual. De vez en cuando estas portadas eran aliñadas con estelares apariciones de multimillonarios personajes de la farándula "cultural" manifestando -también sin rastro de sonrojo- poderosos alegatos en favor de sus maltratados derechos y de sus "penurias" económicas en un país con más de cuatro millones de personas sin trabajo. Todo ello fue una pantalla muy bien proyectada, para que en realidad la opinión pública -y también una parte de los verdaderos implicados en este lío- no se enteraran muy bien de cuál era el problema, o dónde estaba, y mucho menos que se pudiera llegar a una solución consensuada. Porque lo que realmente interesaba, en estos tiempos de terrible crisis económica global, era sacar adelante una Ley que permitiera blindar los enormes beneficios de la industria del entretenimiento audiovisual. Ni más, ni menos.

Pero bueno, dejando a un lado los intereses de un Gobierno que se dice llamar "socialista" -una vez más sin el más mínimo atisbo de rubor- la cuestión es que el cineasta independiente, el fotógrafo o escritor free-lance, o el cantautor de carretera, por no hablar de las miles de bandas musicales no profesionales o de los centenares de actores de teatro amateur, comprobarán atónitos cómo, después de todo este embrollo de la Ley Sinde, para ellos todo seguirá igual si no tienen detrás una gran productora, una enorme editorial o una discográfica que vele por sus derechos. En cambio, los grandes "próceres" de la cultura en nuestro país, "creadores" -por supuesto-, pedantes sin remisión como Miguel Bosé o Alejandro Sanz, verán más protegidos aún sus beneficios a costa de la desprotección de los derechos de la mayoría. ¿Que luego pagan sus impuestos en Miami o desvían sus fortunas a paraísos fiscales? Eso no se tiene en cuenta. (a la izq.: Álex de La Iglesia, cineasta, guionista y productor, actual presidente de la Academia del Cine española, aunque en teoría, por poco tiempo.)

Por otro lado están las grandes compañías que ofertan conexiones a internet. Empezarán a ver cómo a medida que se comienzan a cerrar webs de descargas, y se vayan cerrando los blogs y sitios de particulares que compartían sus recopilaciones musicales, muchos de sus clientes se irán dando de baja. La realidad es que la culpa no será entonces de la Ley Sinde, ni de los "creadores", ni de los internautas, porque estas mismas compañías de telecomunicaciones han estado dorándole la píldora a la industria del entretenimiento con acuerdos tácitos que vetan a sus clientes el acceso y utilización de programas como Ares, E-Mule, Kazaa, Bit-Torrent, y un largo etcétera. Estos sistemas de intercambio P2P (Peer-to-Peer), en los cuales nadie se lucra por compartir cultura, sí son bastante más democráticos y más sostenibles que la Ley Sinde y la Ley de Economía Sostenible. Pero las grandes compañías de telecomunicaciones prefirieron dirigir hacia ellos sus ataques para contentar a la industria audiovisual... y sobre todo para poder educar el consumo de sus clientes, y enfocar sus hábitos de uso de internet hacia donde prima más la velocidad de bajada que la de subida, ya que en las webs de descargas solamente se bajan datos, y no se suben como ocurre con los programas P2P. El consiguiente aumento de rendimiento de la banda ancha para estas compañías era -aún es- un hecho, ya que veían sus márgenes de beneficios multiplicados respecto a sus inversiones tercermundistas en potenciar el ancho de banda en España.

Como siempre sucede en este país, hemos hecho las cosas tarde, mal y a rastras. De los tres partidos que han consensuado la Ley Sinde, uno lo hace por intereses privados (el PSOE con la industria audiovisual), otro lo hace por compromiso político con el primero (CiU), y el otro (PP) por pasar la patata caliente y no tener que hacerlo ellos mismos en la siguiente legislatura, en caso de que ganasen las elecciones de 2012. ¿Beneficiados? Muy pocos, y ricos. ¿Perjudicados? La mayoría, y pobres. Lo cierto es que, en esta hedionda obra de teatro, el final amargo es para el público.

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